Con unas que otras inquietudes por parte de la comunidad, pero con la esperanza de que por fin se le dé una solución al problema de la erosión que desde hace varios años tiene a los habitantes de Salamina angustiados, la Unimagdalena y el Invias socializaron en Santa Marta los estudios y diseños de ingeniería de las obras de estabilización y protección de la margen derecha del río Magdalena en el sector frente a la isla Tamarindo.
Dichos estudios, que se iniciaron el 13 de agosto del año pasado y que tuvieron un costo de $941 millones, apuntan a implementar la intervención final que garantice la estabilidad de las estructuras en el tiempo, y responde a la medida cautelar interpuesta ante el Tribunal Administrativo del Magdalena de la creación de un plan maestro, el cual fue coordinado por Cormagdalena.
Dentro de lo planteado se encuentra el dragado en polígono límite a la isla Tamarindo y el lecho del río de al menos 1.607.280 metros cúbicos, la construcción de 7 espolones de diferentes longitudes, variando desde 25 metros hasta 155 metros para la estabilización de la orilla y la construcción de un dique de 10 kilómetros de longitud desde Salamina hasta El Piñón para el control de inundaciones.
El docente de la Universidad del Magdalena Gustavo Hernández, líder del trabajo, explicó las causas del proceso erosivo que se desarrolla en la actualidad en la ribera derecha del río Magdalena, señalando que “es característico de estos ríos de llanura y son resultado de cambios morfométricos ocasionados por actividades antrópicas o eventos extremos de caudales”.
Recordó que “eventos extremos ocurridos en 2010, 2011 y 2017, propiciaron las condiciones hidrodinámicas y morfodinámicas para que se formara, un canal de profundidades mayores a 23 metros y una isla frente del sector donde se presenta actualmente el proceso erosivo”.
Luego de explicar cómo se desarrollaron los estudios, y tras aclarar que fue continuidad del que elaboró la Sociedad Colombiana de Ingenieros, SCI, Hernández detalló las obras que se proponen y cuyo costo general, incluyendo interventoría, es de $95.800 millones.
