La procuraduría General se pronunció este martes, que ordenó la apertura de una investigación disciplinaria contra Andrés Mayorquín, exasesor del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, por posible tráfico de influencias y otros tipos de conductas.
Todo esto con fines de buscar establecer si el exasesor, habría incurrido en la violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades o conflictos de intereses, al ser adjudicados contratos en distintas entidades a su esposa Karen Váquiro.
La Procuraduría aclaró que la condición de Váquiro no permitiría dar inicio a una investigación disciplinaria, por no ser un sujeto disciplinable, como lo señala el Artículo 25 de la Ley 734 de 2002, «sin destinatarios de la ley disciplinaria los servidores públicos, aunque se encuentren retirados del servicio y los particulares contemplados en el artículo 53 del Libro Tercero de este código».
Dicho esto el Ministerio Público manifestó que si en el transcurso de la investigación hecha por la Procuraduría se evidencia que Váquiro, asumió funciones públicas, la entidad procederá a vincularla formalmente a la investigación.
La apertura de esta investigación se debe a la denuncia revelada por Blue Radio, que mostró que tres meses después del ascenso profesional de Mayorquín, su esposa, cuya única experiencia había sido como empleada bancaria, firmó su primer contrato de prestación de servicios con el Departamento de Prosperidad Social (DPS) y otras entidades oficiales.
Según la investigación, en dos años Karen firmó 24 contratos con entidades tales como los ministerios de Cultura y de Justicia, la Aeronáutica Civil, la Presidencia del Senado, la Agencia Nacional de Tierras y el Archivo General de la Nación entre otras más entidades, contratos que suman 1.245 millones de pesos.
