La deportación al país de la exrepresentante del Partido Conservador, Aida Merlano ha generado expectativas en varios sectores políticos y sociales que estan a la espera de las revelaciones y secretos que podría contar.
La excongresista en múltiples intervenciones ha señalado que tiene suficientes pruebas en contra de varias figuras influyentes del sector político, en especial del departamento del Atlántico quienes en su momento le financiaron la compra de votos para que fuera elegida como senadora.
Recordemos que en una de sus intervenciones Merlano hizo pública la relación que sostuvo con el exmandatario Alex Char y el dinero que le habría facilitado para financiar su campaña, también ha sostenido que dentro del clan de corrupción en el Atlántico, no solo se encuentran los Char, también los Gerlein, y los senadores José David Name y Laureano Acuña.
Sin embargo, en su momento manifestó que para revelar los secretos de los clanes políticos tradicionales de la costa caribe, la justicia colombiana tendría que brindarle el principio de oportunidad que es, de acuerdo con la ley colombiana: “La facultad constitucional que le permite a la Fiscalía General de la Nación, no obstante que existe fundamento para adelantar la persecución penal, suspenderla, interrumpirla o renunciar a ella, por razones de política criminal, según las causales taxativamente definidas en la ley, con sujeción a la reglamentación expedida por el Fiscal General de la Nación y sometido a control de legalidad ante el Juez de Garantías”, señala la ley 1312 de 2009.
