La Procuraduría ha dispuesto iniciar una investigación preliminar dirigida a identificar posibles irregularidades en el contrato de arrendamiento de la residencia en Davos, Suiza, involucrando a funcionarios aún por determinar del Gobierno nacional.
Se llevará a cabo un análisis del acuerdo legal que, como informaron diversos medios, se concretó por un monto cercano a los $4.500 millones. Este contrato abarcó el alquiler de una propiedad por un período de cinco días, con el propósito de promover la imagen y la marca país; de manera similar, la entidad de supervisión indicó que se examinará la posible responsabilidad del director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República en este asunto.
Conforme a la información proporcionada por la entidad de supervisión, se han llevado a cabo las diligencias iniciales para verificar la posible existencia de conductas presumiblemente irregulares y determinar si estas constituyen faltas disciplinarias, así como para evaluar el eventual perjuicio causado.
La contratación de los servicios de la residencia en Davos incluye pagos que van desde $209,5 millones para el personal encargado del hogar hasta $144,4 millones destinados al alquiler y la decoración de un Jeep, con un diseño simbólico que refleja la cultura colombiana. El contrato en su totalidad asciende a $4.850 millones y fue formalizado con el propósito de promocionar el país durante el Foro Económico Mundial.
