La Procuraduría General de la Nación hizo una solicitud al Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el contexto de la investigación que se está llevando a cabo contra la primera dama, Verónica Alcocer, con el objetivo de detener sus constantes desplazamientos financiados por los fondos públicos.
La determinación de la Procuraduría surge después de analizar una demanda actualmente en trámite ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, bajo la revisión del magistrado Luis Manuel Lasso, la cual está evaluando poner fin a los onerosos viajes de Alcocer y su grupo.
El procurador 135 judicial para asuntos administrativos de Bogotá, Juan Carlos Villamil, expresó en un documento su opinión, destacando que el presidente Gustavo Petro «violó» las leyes actuales al emitir un Decreto en el que designa a su esposa, Verónica Alcocer, como Embajadora de Misión Especial, siendo esta una persona con la cual tiene vínculos matrimoniales o de unión permanente, mientras actúa en su capacidad de servidor público.
Adicionalmente, la entidad gubernamental señaló que la esposa del presidente, Verónica Alcocer, «no es servidora pública», lo que implica que no tiene derecho a percibir comisiones ni viáticos destinados exclusivamente a los servidores públicos según las regulaciones establecidas.
Recientemente se divulgó una denuncia que sostiene que Verónica Alcocer cuenta con un equipo de asesores cuyo costo para el Gobierno asciende a aproximadamente 1.000 millones de pesos desde agosto de 2022, fecha en la que Gustavo Petro asumió la Presidencia. Este grupo incluiría un maquillador, un fotógrafo, una asesora con salario de ministro y una amiga cercana en la nómina, según informó el portal La Silla Vacía. Frente a estos acontecimientos, la Presidencia de Colombia justificó los gastos asociados a la labor desempeñada por Verónica Alcocer, argumentando que esta cumple una función social y cuenta con atribuciones legales.
