El Juzgado Quinto Administrativo del circuito de Armenia emitió una orden de embargo de las cuentas pertenecientes al Ministerio de Trabajo, liderado por la ministra Gloria Inés Ramírez. Esto se debe a la falta de pago de las deudas acumuladas por esa entidad con un grupo de 109 maestros del departamento de Quindío. La resolución fue dictada el viernes 1 de marzo, estableciendo que la nación, a través del Fondo de Pensiones Públicas (Fopep) del Ministerio de Trabajo, deberá saldar las deudas pendientes con los docentes, que se remontan a finales de 2014.
La entidad ministerial ya tiene conocimiento del asunto, y la ministra Ramírez ha remitido una comunicación oficial a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP). En dicho documento, solicita un informe detallado sobre el reconocimiento y la recalificación de las pensiones, instando al despacho a especificar cada uno de los 109 casos involucrados en el proceso legal. Aunque la Unidad revisará los casos y determinará si existe alguna deuda pendiente, en caso afirmativo, se realizarán los pagos correspondientes. No obstante, el Ministerio sostiene que este asunto arrastra una deuda desde hace una década.
En la mencionada comunicación, la ministra Ramírez hizo hincapié en que desde marzo de 2019, la entonces titular del Ministerio de Trabajo, Alicia Arango, había solicitado a la Unidad un informe acerca del cumplimiento de la sentencia que originó las demandas de los maestros y, eventualmente, condujo al embargo de las cuentas. La cartera ministerial está a la espera de la respuesta de la Unidad en relación con esta solicitud.
