La política colombiana vuelve a estar en el centro de la polémica. Esta vez, el Consejo de Estado anuló la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena, tras determinar que incurrió en doble militancia durante la campaña electoral de 2023. La decisión se suma a otros recientes escándalos que han golpeado la confianza en las instituciones y en el sistema democrático del país.
Martínez fue elegido para el periodo 2024-2027 con el aval del movimiento Fuerza Ciudadana. Sin embargo, según el fallo, en un evento proselitista celebrado en septiembre de 2023 en Santa Marta, expresó públicamente su respaldo a dos candidatas del Partido de la U: María Charris y Miguelina Pacheco, lo que, de acuerdo con el alto tribunal, representa una infracción al régimen de lealtad partidista.
Aunque Martínez alegó no recordar con precisión sus palabras y puso en duda la edición del video que lo implicaba, la Sala del Consejo concluyó que el respaldo fue claro y directo. Además, determinó que el evento fue abierto al público, lo cual refuerza el carácter proselitista de su intervención. Como consecuencia, el Ministerio del Interior deberá designar un gobernador encargado mientras se resuelve la situación jurídica.
Ante la decisión, el presidente Gustavo Petro se pronunció a través de la red social X, aunque dijo acatar el fallo, manifestó su desacuerdo. En su declaración, afirmó que esta medida afecta el bloque de constitucionalidad y contradice la Convención Americana sobre Derechos Humanos:
“Acato la decisión judicial sobre el gobernador del Magdalena, pero no puedo compartirla. Afecta el bloque de constitucionalidad, contradice la convención americana de derechos humanos. […] En una coalición política, autorizada por la Constitución, no hay doble militancia. Coaligarse es la ayuda de dos o más fuerzas políticas para ganar una gobernación o alcaldía; la doble militancia es militar en dos partidos al mismo tiempo, por tanto, no es lo mismo”.
Petro recordó que el mismo Consejo de Estado, en el pasado, emitió fallos que reconocían el derecho convencional y los derechos políticos en contextos similares, incluyendo su propio caso como exalcalde de Bogotá. Según el presidente, en ausencia de una ley que regule las coaliciones políticas, debe prevalecer lo establecido por la Constitución.
El caso Martínez revive el debate sobre los límites de la doble militancia y la necesidad de actualizar la legislación electoral en Colombia. Mientras tanto, en el Magdalena y otras regiones del país, los ciudadanos observan con preocupación cómo las disputas legales siguen marcando el rumbo político.
