El Senado de la República eligió este martes al abogado Héctor Carvajal como nuevo magistrado de la Corte Constitucional. Su nombramiento no solo marca la llegada de un hombre con vínculos cercanos al presidente Gustavo Petro, sino que abre una nueva etapa en la Corte, que ya cuenta con dos juristas que han sido abogados del actual mandatario.
Carvajal, de 66 años, recibió 66 de los 101 votos posibles en la plenaria del Senado, imponiéndose sobre Karena Caselles y Dídima Rico, candidatas con trayectorias destacadas en la rama judicial y en derechos humanos, respectivamente. La votación fue secreta, por lo que no se conoce con certeza el respaldo individual de los senadores, aunque se sabe que apoyos provinieron de sectores del Pacto Histórico, La U y figuras de partidos tradicionales como el conservador Efraín Cepeda.
Aunque Carvajal ha sido conjuez en varias corporaciones judiciales y cuenta con más de 40 años de experiencia como abogado, su elección ha despertado críticas debido a su cercanía con el presidente Petro. Fue su apoderado en procesos clave, como el que enfrentó en el Consejo Nacional Electoral por presunta violación de topes de financiación en campaña, y el que lo defendió tras la destitución impuesta por la Procuraduría durante su alcaldía en Bogotá, por el tema de las basuras.
A esta cercanía se suma una controversia legal: su edad. Según la Ley 1821 de 2016, los funcionarios públicos deben retirarse del cargo al cumplir 70 años. Esto implica que Carvajal solo podría ejercer poco más de tres años, muy por debajo del periodo de ocho años que normalmente cumple un magistrado constitucional. Aunque el nuevo magistrado ha manifestado tener una interpretación jurídica que podría extender su permanencia, la propia Corte Constitucional ya se ha pronunciado en contra de este tipo de excepciones.
“La llegada a la Corte no significa una pérdida de imparcialidad ni un sesgo a favor del Gobierno”, aseguró Carvajal tras su elección, intentando disipar las dudas sobre su independencia frente al Ejecutivo.
Este nombramiento se da en un momento clave para las instituciones colombianas, tras la reciente controversia sobre la consulta popular impulsada por el presidente y que fue hundida en el Congreso. Además, se suma al caso de Vladimir Fernández, también exabogado del presidente, quien fue elegido en 2023 como magistrado de la misma Corte.
Con esta nueva composición, el alto tribunal empieza a reflejar una marca personal del presidente Petro en sus ternas: figuras cercanas a él, con experiencia política, y una visión jurídica que ha sido fundamental para respaldar algunas de sus decisiones.
