El nuevo decreto del Ministerio de Hacienda genera preocupación en el sector empresarial colombiano.
En un intento por resolver los problemas de caja que atraviesa el Gobierno, el Ministerio de Hacienda expidió un decreto que anticipa el cobro de la retención en la fuente del impuesto de renta correspondiente al año 2026, obligando a empresas de distintos sectores a pagar desde este año.
Aunque el objetivo de esta medida es recaudar 7,3 billones de pesos en 2025, gremios y expertos advierten sobre las consecuencias que podría traer para la economía nacional y, especialmente, para el flujo de caja de las empresas.
“Las empresas pagarán impuestos en 2025 que son muy superiores a los permitidos por la normatividad vigente. Esto las obliga a endeudarse y se convierte en una reforma tributaria encubierta”, señaló Bruce Mac Master, presidente de la ANDI.
El decreto modifica las tarifas de autorretención, que ahora oscilan entre el 1,2 % y el 4,5 %, dependiendo del tipo de actividad económica. Esto impactará directamente a sectores como la extracción de carbón, generación de energía eléctrica, comercio, agroindustria y salud, entre otros.
Además, se cambian las bases mínimas para practicar retención. Por ejemplo, en la adquisición de productos agrícolas sin procesamiento industrial, la retención solo aplicará si el pago supera los $3,4 millones. En cuanto a la compra de bienes raíces, la tarifa será del 1 % para vivienda hasta $497 millones, y del 2,5 % sobre el excedente, mientras que para otros usos será del 2,5 %.
Desde el Consejo Gremial Nacional, que agrupa a los principales gremios del país, advierten que la medida afectará el consumo, el ahorro y la inversión, pilares clave para el crecimiento económico y la formalización.
“Este decreto golpea la liquidez de quienes producen y generan empleo. En la práctica, se trata de una reforma que no pasó por el Congreso y que castiga a los cumplidores”, expresaron los voceros del Consejo.
El director de la Dian, Luis Eduardo Llinás, explicó que esta decisión se basa en análisis de datos fiscales y que se enfocará en actividades económicas donde la retención actual es inferior al impuesto real a pagar. Según él, esto debería traducirse en menos saldos pendientes y anticipos menores en 2026.
Sin embargo, otros expertos como Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, advierten que este cambio implica adelantar 13,9 billones de pesos del 2026 al 2025, lo que podría generar un hueco fiscal en el mediano plazo.
El exministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, también fue crítico: “Se exprime la liquidez de las empresas, se obliga a muchas a endeudarse y se pone en riesgo el empleo”.
En resumen, este decreto representa un cambio profundo que afectará a pequeños, medianos y grandes empresarios, quienes deberán prepararse para asumir mayores cargas tributarias desde este año. Aunque el Gobierno asegura que se trata de una medida técnica y temporal, para muchos en el sector productivo es un golpe directo a su estabilidad financiera.
Impacto en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs)
Las PyMEs representan más del 91,8 % de las empresas en Colombia y generan aproximadamente el 80 % de los empleos formales. Sin embargo, enfrentan desafíos significativos como la alta informalidad y el limitado acceso a financiamiento. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en las microempresas, la tasa de informalidad alcanza el 84,5 %, mientras que en las pequeñas empresas es del 21,6 % .
Además, un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) revela que menos del 25 % de las PyMEs accede a crédito formal. Esta situación limita su capacidad para invertir en innovación y expansión, afectando su competitividad y sostenibilidad.
Con la implementación de este decreto, las PyMEs podrían enfrentar mayores dificultades para cumplir con sus obligaciones tributarias, lo que pondría en riesgo su estabilidad financiera y, en consecuencia, el empleo que generan.
Conclusión
La anticipación en el cobro de la retención en la fuente busca mejorar la liquidez del Gobierno en el corto plazo, pero podría tener efectos adversos en el sector empresarial, especialmente en las PyMEs. Es fundamental que se consideren medidas complementarias que mitiguen el impacto en estas empresas y se promueva un entorno que favorezca su crecimiento y formalización.
