El alivio llegó para miles de familias del Atlántico. Gracias a una decisión judicial reciente, quedó suspendido temporalmente el cobro de valorización en la vía Barranquilla–Cartagena, una medida que había generado inconformidad y preocupación en la comunidad.Para muchos, este cobro representaba una carga injusta, especialmente considerando que la obra aún no está terminada.
Por eso, la decisión del Tribunal Administrativo del Atlántico, que ordena cesar el proceso de cobro de la Contribución Nacional de Valorización (CNV), fue recibida con esperanza y satisfacción en los hogares barranquilleros.
Desde el primer momento, la Alcaldía de Barranquilla respaldó a la ciudadanía en esta causa. El alcalde Alejandro Char celebró la noticia y reiteró el compromiso de su administración:
“Esta es una lucha colectiva que respaldamos con firmeza, junto a congresistas y líderes de nuestra región, en defensa del bolsillo de los barranquilleros y atlanticenses. Seguiremos participando activamente en los espacios que garanticen la protección de los derechos de nuestra gente”.
Además, el Tribunal ordenó al INVIAS convocar audiencias públicas con la ciudadanía, autoridades, gremios y organizaciones sociales, con el fin de garantizar transparencia y participación en decisiones que afectan a todos.
Esta victoria no fue casualidad. Detrás de ella hubo esfuerzos legales y comunitarios. La Alcaldía actuó como coadyuvante en el proceso judicial, señalando irregularidades como la falta de socialización del cobro, su carácter retroactivo y la ausencia de planificación desde el inicio del proyecto.La medida también fue respaldada por gremios económicos y políticos de la región Caribe.
El gobernador Eduardo Verano expresó su rechazo al cobro y recordó que la vía en cuestión tiene tramos con más de 20 años de antigüedad e incluso segmentos sin terminar. Por su parte, el diputado Camilo Torres celebró la suspensión como “un triunfo de la legalidad y la participación ciudadana”.
Mientras tanto, el Distrito de Barranquilla continúa impulsando una demanda ante el Consejo de Estado para anular de manera definitiva el cobro, además de respaldar una acción ante la Corte Constitucional contra el artículo 280 de la Ley 2294 de 2023, que regula la temporalidad de estas contribuciones.
Por ahora, los barranquilleros pueden respirar con algo más de tranquilidad. La participación activa de la ciudadanía sigue siendo clave para que las decisiones se tomen con justicia y transparencia.
