En medio de una jornada extensa y cargada de tensión política, el Senado eligió a Lina Marcela Escobar Martínez como nueva magistrada de la Corte Constitucional. Más allá del número de votos —92 frente a 8 y 2 de las otras candidatas—, su elección representa un momento clave para la democracia colombiana: una mujer con formación sólida, trayectoria pública y visión independiente llega a uno de los cargos más influyentes en la justicia del país.
La designación de Escobar no fue una sorpresa. Su nombre logró unir a sectores políticos muy distintos entre sí, algo poco común en la actual polarización nacional. A lo largo de su carrera ha estado vinculada a espacios clave del Estado: desde la Dirección de Asuntos Indígenas hasta la Comisión Primera del Senado. Además, su paso por el Consejo de Estado y su formación como doctora en derecho constitucional le dan un perfil técnico y sobrio, que muchos valoraron como garantía de equilibrio.
Sin embargo, el proceso no estuvo exento de controversia. Las otras dos candidatas, Lisneider Hinestroza y Miriam Carolina Martínez, enfrentaron cuestionamientos que iban más allá de lo académico. En especial, Hinestroza fue blanco de una campaña que la Defensoría del Pueblo calificó como racista y machista, por vincular su candidatura con influencias del gobierno nacional.
Esa tensión hizo aún más visible la importancia de avanzar hacia espacios de poder donde las mujeres diversas puedan participar en igualdad de condiciones. La llegada de Escobar a la Corte se da entonces no solo como una decisión jurídica, sino como una respuesta al llamado ciudadano por instituciones más justas, diversas y autónomas.
