En medio de un contexto ambiental desafiante, Colombia logra una reducción significativa de la deforestación en el primer trimestre de 2025: un 33 % menos frente al mismo periodo del año anterior, según el Ministerio de Ambiente. Un avance que se atribuye a acciones coordinadas.
Este dato representa un respiro en un país que históricamente ha tenido una lucha desigual contra la pérdida de sus ecosistemas, donde factores como la ganadería extensiva, los cultivos ilícitos, la minería ilegal y la especulación de tierras han arrasado miles de hectáreas anualmente. Pero si bien las cifras oficiales celebran una desaceleración, la realidad de fondo muestra que la presión sobre los bosques persiste.
El logro se da por una mayor presencia estatal, a través del Plan Integral de Contención de la Deforestación del Gobierno, con acuerdos a comunidades y acciones coordinadas para proteger las selvas, especialmente en la Amazonía. De acuerdo con cifras oficiales citadas por Reuters y The Associated Press, la tala de bosques cayó de 40.219 a 27.052 hectáreas.
La estrategia del gobierno se ha centrado en reforzar la gobernanza ambiental desde los territorios, involucrando directamente a comunidades indígenas y campesinas en la protección de sus entornos. En parques nacionales como Tinigua, Chiribiquete y La Macarena, la reducción llegó al 54 .
Según los reportes, gracias a acciones de control más estrictas y a pactos de conservación que evitan nuevas invasiones o quemas para ampliar la frontera agrícola. Pero este resultado no puede leerse de forma triunfalista.
Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, Colombia aún perdió más de 88.900 hectáreas de bosque por actividades ilegales, principalmente vinculadas al narcotráfico. Es decir, por cada hectárea salvada, otra se perdió en alguna región sin control. Y no es un problema menor: el Catatumbo, el Pacífico norte y Arauca siguen siendo zonas de alta vulnerabilidad ambiental y social.
Lo cierto es que la caída en la deforestación no es casual, responde a decisiones políticas puntuales: operativos de interdicción coordinados entre la Fiscalía, la Policía y el Ejército, presencia de entidades ambientales en terreno y fortalecimiento de la cooperación internacional.
También hay un componente preventivo importante: los incentivos económicos a quienes protegen los bosques y el monitoreo satelital más preciso, que ha permitido reaccionar antes frente a las alertas.
Si bien el primer trimestre es positivo, el reto sigue siendo estructural. Aún se identifican al menos 18 “puntos críticos” de deforestación, 13 de ellos localizados en la Amazonía. Frenar la deforestación no es solo una tarea de vigilancia, sino de transformación del modelo productivo. El país puede estar empezando a escribir una nueva historia verde, pero aún está lejos del punto final.
IMAGEN TOMADA DE: Forbes Colombia
