“Vivo en estrato 1, saqué buen puntaje y no quedé. Me dijeron que era de estrato alto por el lugar donde estudié. ¿Eso es justo?” Esto dijo a Zona Cero, un medio de comunicación local; Andrea Uribe, joven barranquillera y aspirante al programa de Medicina de la Universidad del Atlántico, la frustración de decenas de jóvenes que quedaron fuera del proceso de admisión pese a cumplir con requisitos académicos y pertenecer a poblaciones vulnerables.
La inconformidad se centra en dos aspectos: los altos costos de matrícula, que oscilan entre $7,1 millones y $12,8 millones según el estrato, y un sistema de clasificación basado en el Índice de Pobreza Multidimensional (IPM) del DANE, que asigna el estrato según el lugar donde el aspirante estudió, no donde vive ni su realidad socioeconómica personal. Esto ha llevado a que muchos jóvenes de barrios populares sean ubicados en estratos altos, reduciendo sus posibilidades de acceder a uno de los 50 cupos habilitados para Medicina este semestre.
La Universidad defendió el uso del IPM como “un criterio técnico que permite priorizar a quienes viven en zonas con mayores índices de pobreza”, según informó a Zona Cero un funcionario de la Secretaría de Admisiones que pidió reserva de identidad. Sin embargo, estudiantes como Andrea —víctima del conflicto armado, egresada de un colegio público y residente del barrio Siete de Abril— quedaron excluidos por no superar el umbral del IPM exigido. “En mi caso, el sistema me clasificó como estrato 4, y por eso quedé fuera del grupo prioritario”, explicó.
Según datos obtenidos por fuentes cercanas a la Universidad, más de 1.200 jóvenes se inscribieron para el programa de Medicina 2025-1, pero solo 50 fueron admitidos, de los cuales 35 cupos eran para estratos 1, 2 y 3, y 15 para los estratos 4, 5 y 6. Varios aspirantes afirman que hubo casos donde personas con puntajes menores fueron admitidas, mientras que ellos no, por la categorización de estrato impuesta. Algunos ya presentaron solicitudes de revisión, sin obtener respuesta.
La situación ha encendido el debate sobre el acceso a la educación superior pública y el verdadero alcance de la gratuidad. Aunque el Estado ofrece cobertura para ciertos estudiantes bajo programas de financiación o subsidio, estos no aplican si el aspirante ya tiene un título profesional, o si no cumple con los requisitos del Sisbén. «No podemos hablar de gratuidad si los mecanismos para clasificar a los estudiantes son tan desconectados de la realidad», afirmó una vocera del movimiento estudiantil que está organizando una solicitud formal de revisión ante el Consejo Superior.
Cabe recordar que, bajo la Ley 30 de 1992, las universidades públicas tienen autonomía para definir sus procesos de admisión, pero también deben garantizar condiciones de equidad. En su artículo 3°, la ley señala que “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social”; y en su artículo 28 se establece que las instituciones deben promover el acceso en condiciones de igualdad.
En contraste, otras universidades públicas como la Universidad de Cartagena aplican criterios más centrados en el examen de admisión y el Sisbén, y no cobran matrícula a los estudiantes que cumplen los requisitos de gratuidad. «Solo se paga sistematización, y en casos excepcionales se evalúan los ingresos familiares», aseguró un vocero de esa institución.
Los aspirantes rechazados en Uniatlántico hacen un llamado a que se revise el Acuerdo Superior N.° 000032 de 2024 y se escuche a los jóvenes que, como Andrea, solo buscan una oportunidad para cumplir su sueño. “No pedimos favores, pedimos justicia. Que no nos nieguen la educación por una tabla estadística que no sabe nada de nuestra vida”.
