Un nuevo y comprometedor capítulo se abre en la polémica que rodea a Juliana Guerrero, la joven funcionaria que vio truncado su camino al Viceministerio de Juventudes por presuntas irregularidades en sus diplomas. Esta vez, las pruebas provienen de los registros tributarios de la DIAN, revelados por la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, los cuales muestran inconsistencias temporales imposibles de justificar desde la lógica académica.
Según la denuncia, la Fundación Universitaria San José reportó facturas electrónicas a nombre de Guerrero por conceptos de matrícula y derechos de grado con fechas posteriores a su supuesta graduación. Mientras que sus títulos de Contadora Pública y Tecnóloga en Gestión Contable tienen fecha del 1 de julio de 2025, los pagos en el sistema de la DIAN figuran realizados los días 28 y 29 de julio del mismo año, lo que sugeriría una legalización posterior de documentos.
Entre los documentos expuestos se encuentra un pago por un millón de pesos por derechos de grado y otros dos que suman más de seis millones por concepto de matrículas. La representante Pedraza calificó el hecho como «sin precedentes», señalando que este sería el primer caso registrado de una estudiante que cancela sus costos educativos y de graduación casi un mes después de haber recibido formalmente sus títulos profesionales.
La congresista sostiene que estos movimientos financieros habrían sido una estrategia para intentar otorgar una fachada de legalidad a diplomas que no cuentan con un respaldo académico real. Además, advirtió que este caso forma parte de una investigación más amplia sobre un presunto «cartel de títulos» en la mencionada institución, el cual habría facilitado la vinculación de funcionarios en al menos 16 entidades del Gobierno Nacional.
Finalmente, Pedraza anunció que estas nuevas pruebas serán radicadas ante la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría. Asimismo, hizo un llamado urgente al Ministerio de Educación para que intervenga de manera efectiva a la Fundación Universitaria San José y se esclarezca cómo estos títulos irregulares permitieron el acceso a cargos directivos y contratos estatales que han costado millonarias sumas al erario público.
