El centro de gravedad del poder ejecutivo colombiano ha abandonado temporalmente la frialdad de los cerros orientales de Bogotá para instalarse en el calor húmedo de las sabanas del Caribe. El presidente Gustavo Petro ha ordenado el traslado inmediato de su gabinete ministerial hacia Montería, convirtiendo a la capital de Córdoba en el puesto de mando unificado desde donde se gestionará la respuesta estatal ante la emergencia climática. Esta descentralización administrativa no es un acto protocolario, sino una maniobra de urgencia ante la gravedad de las inundaciones que han puesto en jaque la infraestructura y la economía de la región, obligando al Gobierno a gobernar con los pies en el barro y no desde los escritorios capitalinos.
La decisión de convocar este cónclave de alto nivel en «La Perla del Sinú» responde a la furia incontenible de la temporada de lluvias de este 2026, que ha superado los modelos de predicción meteorológica. Las cuencas de los ríos Sinú y San Jorge, arterias vitales del departamento, se han transformado en amenazas líquidas, rompiendo diques y anegando miles de hectáreas productivas. La perspectiva ambiental del encuentro se centra en evaluar el daño ecosistémico y la saturación de los suelos, entendiendo que no se enfrentan a un simple aguacero pasajero, sino a un fenómeno hidroclimatológico que requiere soluciones de ingeniería hidráulica complejas y no solo sacos de arena.
Desde el ángulo operativo, la sesión ministerial tiene como objetivo primordial destrabar los nudos burocráticos que suelen ralentizar la ayuda humanitaria. El Jefe de Estado busca que sus carteras —desde Agricultura hasta Vivienda— articulen una hoja de ruta de ejecución inmediata, saltándose los trámites ordinarios mediante la posible declaratoria de situación de desastre o calamidad pública si la ley lo permite. La estrategia es clara: transformar los recursos del presupuesto nacional en asistencia tangible (alimentos, maquinaria amarilla y subsidios) en tiempo récord, evitando que la tramitología sea una segunda tragedia para los damnificados.
El drama humano que sirve de telón de fondo para esta reunión es desgarrador y palpable en municipios como Lorica, Ayapel y Cereté. Miles de familias han visto cómo el agua devora sus enseres y sus medios de subsistencia en cuestión de horas. La perspectiva social del consejo de ministros deberá enfocarse en la atención primaria de estas víctimas, garantizando albergues dignos y seguridad alimentaria. No se trata solo de cifras de damnificados, sino de campesinos y ganaderos que han perdido la cosecha y el hato, requiriendo un plan de choque económico que les permita vislumbrar un futuro cuando las aguas bajen.
En el plano político, este encuentro funciona como una respuesta directa al S.O.S. emitido por los mandatarios locales. El gobernador de Córdoba y los alcaldes de las zonas afectadas habían reclamado con insistencia una presencia real del Estado, advirtiendo que sus capacidades fiscales y operativas estaban desbordadas. La llegada del presidente y sus ministros valida la interlocución con el territorio y calma, momentáneamente, la tensión entre la región y el centro, estableciendo una mesa de trabajo donde las autoridades locales esperan pasar de los diagnósticos repetidos a las inversiones estructurales definitivas.
Finalmente, este consejo de ministros en Montería plantea un desafío de largo aliento sobre el ordenamiento territorial alrededor del agua. Más allá de la coyuntura de la emergencia actual, el gobierno Petro busca dejar sentadas las bases de una política de adaptación al cambio climático más agresiva. La discusión no solo abordará cómo secar las calles hoy, sino cómo reubicar poblaciones en riesgo y recuperar humedales para que, en el próximo invierno, la historia no se repita con la misma crueldad, planteando un modelo de desarrollo que respete los ciclos naturales de la geografía cordobesa.
