La incertidumbre que ha rodeado la finalización de las mejoras en la terminal aérea más importante del Caribe colombiano parece haber encontrado, por fin, una brújula temporal definida. Tras una serie de mesas de trabajo de alto nivel, se ha trazado una «hoja de ruta» inamovible para la culminación de las intervenciones pendientes en el aeropuerto Ernesto Cortissoz. Este nuevo esquema de planificación no es una promesa vacía, sino un compromiso técnico calendarizado que busca cerrar el largo capítulo de provisionalidad que ha afectado la operación del aeródromo, estableciendo fechas límites perentorias para que la infraestructura alcance los estándares de calidad exigidos por la normativa aeronáutica internacional.
El garante de que este cronograma no se convierta en letra muerta será la Procuraduría General de la Nación, ente que ha activado un mecanismo de «vigilancia preventiva» sin precedentes en este proyecto. El Ministerio Público ha decidido no esperar a que ocurran fallas administrativas para actuar; por el contrario, ha desplegado un esquema de monitoreo en tiempo real sobre la gestión de la Aeronáutica Civil. Esta lupa disciplinaria tiene como objetivo blindar la ejecución de los recursos y asegurar que cada fase estipulada en el papel se traduzca en avances físicos tangibles, enviando un mensaje claro de cero tolerancia ante nuevas dilaciones injustificadas.
En el centro de la agenda de reparaciones se encuentran los denominados «nudos gordianos» de la terminal: el sistema de manejo de equipajes y la climatización. El plan de acción prioriza la puesta en marcha definitiva de las bandas transportadoras, un componente vital que ha operado a media marcha generando traumatismos en la experiencia del viajero. Asimismo, se ha puesto especial énfasis en la optimización del aire acondicionado y la finalización de las baterías sanitarias, elementos que, aunque básicos, son determinantes para el confort del usuario y la percepción de modernidad que debe proyectar una ciudad que se vende como hub de negocios.
Desde la perspectiva contractual y financiera, la vigilancia se extenderá a la ejecución presupuestal de los fondos asignados para estas obras de mantenimiento correctivo y terminación. Los delegados del organismo de control verificarán que la contratación derivada de este plan de choque cumpla con los principios de transparencia y economía. Se busca evitar a toda costa que los dineros públicos se diluyan en adiciones o reprocesos, garantizando que la inversión estatal retorne a la ciudadanía en forma de una infraestructura segura, eficiente y estéticamente digna.
La presión sobre la Aerocivil es máxima, pues este cronograma funciona como un «ultimátum operativo». Las autoridades locales y los gremios de la producción en el Atlántico han sido enfáticos en que la paciencia de la región se ha agotado. Por ello, el cumplimiento de estos hitos de entrega no es opcional; es la condición necesaria para recuperar la competitividad logística del departamento. La vigilancia preventiva actúa aquí como un fusible de seguridad: ante la menor señal de incumplimiento, se activarán las alarmas disciplinarias para deducir responsabilidades individuales.
Finalmente, este nuevo aire de supervisión y planificación busca restaurar la confianza perdida entre el aeropuerto y sus usuarios. Si se cumple lo pactado, para el segundo semestre del año los pasajeros deberían transitar por una terminal que no parezca un sitio en construcción eterna. El éxito de esta intervención, bajo la atenta mirada de la Procuraduría, será la prueba de fuego para determinar si el Estado es capaz de enderezar el rumbo de un proyecto estratégico que, hasta ahora, ha volado en medio de turbulencias administrativas.
