El inicio del año 2026 ha quedado marcado en los anales de la administración pública nacional por una frenética actividad burocrática sin precedentes. Según los reportes más recientes del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop), las entidades estatales protagonicaron una auténtica «maratón administrativa» durante el mes de enero, formalizando un total de 521.269 vínculos contractuales. Este volumen exorbitante de firmas responde a una carrera contra el reloj para asegurar la operatividad institucional antes de la entrada en vigencia de las restricciones impuestas por la normativa electoral, evidenciando una aceleración masiva en la gestión de documentos públicos en un lapso de apenas 31 días.
El detonante de este aluvión de contrataciones es la inminente aplicación de la Ley de Garantías, un mecanismo legal diseñado para blindar los recursos del Estado en épocas de campaña política. Ante la prohibición de celebrar convenios interadministrativos y de contratación directa que rige cuatro meses antes de los comicios presidenciales, ordenadores del gasto en alcaldías, gobernaciones y entidades del orden nacional optaron por adelantar la ejecución de sus presupuestos. Esta maniobra, aunque legal, genera un «pico» estadístico que desborda la capacidad operativa habitual y levanta suspicacias sobre la calidad de la planeación en la gestión pública.
Al desglosar la tipología de estos más de medio millón de contratos, se observa que la gran mayoría corresponde a la modalidad de prestación de servicios. Este fenómeno desnuda una realidad estructural del mercado laboral estatal: la alta dependencia de personal temporal para el funcionamiento diario de las instituciones. Miles de contratistas renovaron sus vinculaciones o ingresaron al sistema en tiempo récord, lo que sugiere que, más allá de necesidades técnicas puntuales, existe una urgencia por «asegurar» las nóminas paralelas antes de que el candado jurídico de la ley electoral congele la capacidad de nominación de los mandatarios de turno.
Desde la perspectiva financiera, esta oleada contractual representa un compromiso de recursos fiscales de proporciones mayúsculas. El dinero comprometido en este primer mes del año asciende a billones de pesos, una inyección de liquidez que, si bien dinamiza la economía de los hogares de los contratistas, también pone presión sobre la caja del tesoro público desde el arranque de la vigencia. Analistas económicos advierten que ejecutar una porción tan significativa del presupuesto de funcionamiento en un solo mes puede restar margen de maniobra para inversiones estratégicas en el segundo semestre del año, condicionando el flujo de caja a estos compromisos adquiridos en la premura de enero.
La comparación con periodos anteriores revela un crecimiento exponencial que ha encendido las alertas de los organismos de control. El Observatorio Fiscal y entidades de transparencia han señalado que el incremento frente a años donde no operaba la Ley de Garantías es desproporcionado. Este comportamiento cíclico, que se repite cada cuatro años pero con mayor intensidad en esta ocasión, pone sobre la mesa el debate sobre la eficiencia de la ley: si bien busca equidad electoral, en la práctica termina incentivando una saturación contractual preventiva que podría abrir ventanas de oportunidad para la improvisación y la falta de rigurosidad en los estudios previos.
Finalmente, el reto ahora recae sobre la Contraloría y la Procuraduría, entes que deberán desplegar una capacidad de auditoría titánica para vigilar la idoneidad de estos 521.269 procesos. La preocupación latente no es solo la cantidad, sino la posibilidad de que, en medio del afán por firmar antes de la medianoche de la fecha límite, se hayan saltado requisitos esenciales o se hayan fraccionado contratos para evadir licitaciones públicas. El «enero récord» de 2026 será recordado no solo por las cifras, sino como el mes donde la administración pública trabajó a marchas forzadas para blindarse ante la parálisis que impone la democracia electoral.
