Ante la prolongada incertidumbre que rodea el futuro administrativo y funcional de la terminal aérea más importante del Caribe colombiano, la Alcaldía de Barranquilla ha decidido tomar una postura firme y directa. La administración distrital ha elevado una solicitud formal y perentoria a la Aeronáutica Civil (Aerocivil) para que asuma, de manera integral y sin intermediarios, las riendas de la operación del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Esta petición busca cortar de raíz el nudo gordiano jurídico que ha mantenido en vilo la modernización del aeródromo, proponiendo que sea el Estado quien garantice la culminación de las obras que hoy permanecen en un limbo constructivo.
El llamado de las autoridades locales responde al agotamiento de la paciencia institucional y ciudadana frente a los modelos de concesión que no han logrado satisfacer las expectativas de la región. La propuesta sugiere que la Aerocivil no actúe simplemente como un vigilante pasivo, sino que despliegue toda su capacidad ejecutora y financiera para cerrar las brechas de infraestructura pendientes. Se busca evitar a toda costa un nuevo periodo de interinidad larga o la búsqueda de un operador privado que podría tardar meses en formalizarse, tiempo que la ciudad no puede darse el lujo de perder en su carrera por consolidarse como hub de negocios.
Desde la óptica de la competitividad, la solicitud se fundamenta en la disonancia existente entre el crecimiento urbano de Barranquilla y el estado actual de su puerto de entrada aéreo. Mientras la ciudad inaugura malecones, parques y atrae eventos de talla mundial, el aeropuerto se ha convertido en el «talón de Aquiles» de la oferta turística y corporativa. La administración argumenta que recuperar la soberanía operativa del Cortissoz es la única vía expedita para alinear los estándares de servicio de la terminal con la dinámica de desarrollo que experimenta el resto del departamento del Atlántico.
En el detalle de la petición, se hace énfasis en la urgencia de finalizar los componentes críticos que afectan directamente la experiencia del viajero. No se trata solo de grandes obras de ingeniería, sino de la dignidad del servicio: la optimización de los sistemas de aire acondicionado, la finalización de las zonas de migración y la puesta a punto de las bandas de equipaje. Al asumir la Aerocivil el control directo, se eliminarían las excusas contractuales que a menudo utilizan los concesionarios para dilatar inversiones, permitiendo una inyección de recursos ágil y focalizada en las zonas de mayor deterioro.
Esta movida política también busca enviar un mensaje de tranquilidad a las aerolíneas y a los inversionistas extranjeros. La inestabilidad en la figura del operador genera ruido en el mercado y frena la llegada de nuevas rutas internacionales. Al tener al ente rector de la aviación civil como operador garante, se ofrecería un marco de seguridad jurídica y operativa robusto, eliminando la incertidumbre sobre quién responde por el mantenimiento de la pista o la seguridad de las operaciones, factores determinantes para que las compañías aéreas decidan apostar por el destino.
Finalmente, la solicitud de Barranquilla plantea un reto administrativo mayor para el Gobierno Nacional. De aceptar este desafío, la Aerocivil deberá demostrar que lo público puede ser eficiente y que tiene la capacidad de reacción para transformar una infraestructura rezagada en un modelo de gestión exitoso. La pelota está ahora en el campo de Bogotá, donde se deberá decidir si se acepta la encomienda de rescatar el patrimonio de los barranquilleros o si se insiste en buscar terceros, prolongando una espera que ya ha costado demasiado en términos de imagen y desarrollo económico para la región.
