Ante la prolongada crisis que atraviesa la principal terminal aérea del departamento, la administración distrital ha puesto sobre la mesa una ambiciosa estrategia de salvamento con sello local. Ana María Aljure, actual gerente de Ciudad, ha revelado que desde el mes de enero se elevó una solicitud formal ante la Aeronáutica Civil para que Barranquilla asuma el control directo del aeropuerto Ernesto Cortissoz. Esta maniobra, concebida como una «solución metropolitana», busca arrebatarle el aeródromo a la inestabilidad operativa y a las fallidas concesiones pasadas, proponiendo un modelo de gestión pública territorial para garantizar la culminación de las obras inconclusas.
Desde la perspectiva de la viabilidad financiera y administrativa, la vocera distrital ha sido enfática en desestimar cualquier duda sobre la capacidad de la ciudad para encarar este reto monumental. Aljure argumenta que Barranquilla goza en la actualidad de una solidez económica comprobada y cuenta con el talento humano especializado necesario para administrar una infraestructura de esta envergadura. Esta postura desafía el paradigma tradicional de que solo el gobierno central o los consorcios privados pueden operar aeropuertos internacionales, demostrando que el Distrito tiene el músculo fiscal para respaldar la operación sin poner en riesgo las arcas locales.
En el terreno operativo, el plan propuesto por la Alcaldía no se proyecta a décadas, sino que está diseñado como un plan de choque con resultados tangibles a corto y mediano plazo. La prioridad absoluta de esta toma de control sería destrabar los frentes de trabajo paralizados y adecuar las instalaciones que hoy padecen un deterioro evidente. Al internalizar la gestión, la administración distrital promete eliminar la extensa burocracia que ralentiza las reparaciones urgentes, enfocándose en restaurar la dignidad, la climatización y el confort de los pasajeros que transitan diariamente por las salas de abordaje.
Analizando la propuesta desde un enfoque de integración urbana, denominarla una «solución metropolitana» tiene profundas implicaciones territoriales. El aeropuerto dejaría de ser visto como una isla administrativa ajena a la dinámica de los municipios vecinos, para convertirse en un engranaje perfectamente sincronizado con el ecosistema de desarrollo comercial, logístico y turístico del área metropolitana. Esta visión busca alinear los estándares de calidad del Cortissoz con la profunda transformación urbanística que ha experimentado Barranquilla, asegurando que la puerta de entrada a la ciudad refleje el mismo progreso que exhiben sus renovados espacios públicos.
El respaldo institucional a esta iniciativa impulsada por la actual administración ha generado un consenso sin precedentes entre las fuerzas vivas de la región. Gremios de peso pesado, como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y diversas veedurías ciudadanas han cerrado filas en torno a la propuesta del Distrito. Este espaldarazo corporativo y civil valida la tesis de que la descentralización es el camino más expedito para resolver la encrucijada del aeródromo, evidenciando una pérdida de confianza generalizada en las directrices centralistas y un apoyo irrestricto al liderazgo gubernamental local.
Finalmente, el desenlace de esta audaz petición pende ahora de las decisiones que se tomen en los despachos del alto gobierno y el ente rector de la aviación. Si la Aerocivil accede a ceder la batuta operativa al Distrito, Barranquilla no solo rescataría su conectividad aérea, sino que sentaría un hito histórico en la administración pública colombiana. Este paso audaz representaría la emancipación logística de la capital del Atlántico, probando que el Caribe tiene la madurez institucional para gobernar su propio destino y transformar una obra en crisis en un símbolo de competitividad de talla internacional.
