El Parque Nacional Natural Tayrona, una de las joyas ecológicas y turísticas más invaluables del país, ha cerrado sus puertas bajo una atmósfera de tensión sin precedentes. Lo que tradicionalmente se concebía como un receso periódico para la regeneración del ecosistema, ha mutado abruptamente hacia un cierre de carácter indefinido ordenado por Parques Nacionales Naturales (PNN) mediante la resolución 091. Esta drástica medida no responde a los ciclos biológicos de la naturaleza, sino a una aguda crisis de orden público que ha obligado a las autoridades a suspender toda actividad ecoturística para salvaguardar la integridad de los guardaparques y visitantes ante el acecho de la criminalidad.
El trasfondo de esta clausura es un alarmante deterioro de la seguridad en las estribaciones de la Sierra Nevada. Desde el Ministerio de Defensa se ha confirmado que la intervención institucional obedece a una escalada de acciones delictivas, particularmente extorsiones y presiones perpetradas por estructuras armadas ilegales que operan en la zona, como ‘Los Pachenca’. La decisión gubernamental busca arrebatarle el control territorial a estos grupos al margen de la ley, estableciendo un cerco de seguridad que impida que un santuario natural de la nación sea utilizado como plataforma para el financiamiento de economías ilícitas y la intimidación ciudadana.
Sin embargo, la disposición estatal ha chocado frontalmente con la postura y cosmovisión de las comunidades ancestrales que habitan la reserva. Líderes de los pueblos indígenas han manifestado un rechazo categórico a la intervención externa y al cierre unilateral, esgrimiendo una consigna contundente frente al despliegue de fuerza: «No necesitamos que nos protejan». En un acto de reivindicación de su autonomía, las autoridades tradicionales han asumido el control de ciertos accesos al parque, exigiendo que el Gobierno Nacional establezca un modelo de coadministración real que respete su gobernanza territorial en lugar de imponer bloqueos que afectan sus dinámicas de subsistencia.
Desde la orilla económica, la Alcaldía de Santa Marta ha encendido las alarmas por el devastador impacto financiero que esta parálisis supone para la capital del Magdalena. El Tayrona no solo es un pulmón verde, sino el principal motor de la «industria sin chimeneas» en la región, atrayendo a miles de turistas diariamente. La suspensión indefinida del ingreso de visitantes amenaza con asfixiar económicamente a cientos de familias, desde operadores turísticos y lancheros hasta pequeños comerciantes locales, quienes ven cómo su sustento se esfuma en medio de un conflicto que excede sus capacidades y claman por la apertura de mesas de concertación urgentes.
Para blindar el perímetro de la reserva y garantizar la efectividad del operativo, las medidas restrictivas se han extendido al ámbito marítimo. La Dirección General Marítima (Dimar) ha emitido una orden perentoria que prohíbe el zarpe de cualquier tipo de embarcación comercial o recreativa con destino a las bahías y playas que conforman el parque. Este bloqueo naval complementa el aislamiento terrestre, asegurando que no existan brechas de vulnerabilidad mientras las Fuerzas Militares y de Policía ejecutan sus labores de estabilización, dejando las cristalinas aguas del Caribe en un silencio forzado.
Finalmente, el panorama a corto plazo del Parque Tayrona se vislumbra como un intrincado tablero de ajedrez institucional y social. La resolución de este conflicto exige equilibrar la ineludible obligación del Estado de combatir el crimen organizado, con el respeto irrestricto a los derechos de las poblaciones indígenas y la necesidad de reactivar la economía samaria. Mientras las autoridades condicionan la reapertura a la erradicación total de las amenazas, el paraíso natural permanece en pausa, a la espera de un consenso que devuelva la tranquilidad a sus senderos y permita que la conservación ambiental y el turismo coexistan sin el fantasma de la violencia.
