En medio de un torbellino de especulaciones a nivel internacional, la Asociación de Puertos del Atlántico (Asoportuaria) ha salido al paso para blindar la reputación de la terminal marítima local. Lucas Ariza, máximo directivo de la entidad, fue categórico al declarar que las maniobras realizadas por el buque ‘Ocean Mariner’ en aguas barranquilleras se enmarcaron estrictamente dentro de la legalidad. Esta defensa institucional busca disipar cualquier sombra de duda sobre la transparencia de las operaciones logísticas de la ciudad, argumentando que los procedimientos cumplieron a cabalidad con todas las normativas aduaneras vigentes antes de que la embarcación zarpara hacia altamar.
El epicentro de esta controversia trasciende las fronteras nacionales, arrastrando un denso historial geopolítico. La embarcación ya se encontraba bajo la lupa de las autoridades estadounidenses debido a sus movimientos previos, específicamente una travesía desde puertos mexicanos hacia territorio cubano transportando hidrocarburos. Este antecedente caribeño desató reclamaciones diplomáticas de Washington hacia México, convirtiendo al navío en un objetivo de estricto monitoreo. Desde la perspectiva de la inteligencia naval, el buque estaba «marcado», lo que explica la posterior intercepción extranjera bajo la sospecha de que se estuvieran evadiendo los bloqueos económicos impuestos a la isla.
Adentrándonos en el abastecimiento que tuvo lugar en la capital del Atlántico, la operación se redujo a una transacción de carácter exclusivamente privado. El barco arribó a los muelles locales con el único propósito de cargar ‘fuel oil’, un carburante denso indispensable para la propulsión de estos colosos de acero. Asoportuaria detalló que todo el engranaje, desde la contratación del muelle hasta el almacenamiento y el bombeo del líquido hacia las bodegas, fue orquestado por un comercializador independiente. Este enfoque desvincula a las autoridades del Estado de la transacción comercial, subrayando que la instalación portuaria operó simplemente como prestadora de servicios para un negocio entre particulares.
El nudo jurídico del asunto radica en la marcada discrepancia entre la hoja de ruta oficial y el paradero final del buque. Los registros de zarpe en Barranquilla indicaban claramente que el destino legítimo del flete era la República Dominicana. Sin embargo, el rastro satelital de la embarcación culminó de manera imprevista en las costas de Haití. Frente a esta alteración del rumbo, el gremio portuario traza una frontera clara en cuanto a las responsabilidades: una vez que el barco abandona la jurisdicción colombiana, cualquier cambio de trayectoria o destino recae de manera exclusiva sobre los hombros del comprador de la mercancía, eximiendo al puerto de origen de cualquier irregularidad subsecuente.
La magnitud de este incidente escaló hasta las más altas esferas del Ejecutivo, obligando al Jefe de Estado a intervenir para mitigar el ruido diplomático. El presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus canales de comunicación para ratificar la versión entregada por el sector portuario, confirmando que la venta y el cargue del combustible fueron ejecutados íntegramente por una compañía privada. Esta oportuna aclaración presidencial representa un movimiento clave para desmarcar a la Nación de cualquier insinuación que la vincule con el suministro de recursos energéticos hacia países sancionados, protegiendo así las delicadas relaciones bilaterales de Colombia.
Finalmente, este episodio marítimo deja una profunda lección sobre la vulnerabilidad colateral de la infraestructura regional en el complejo tablero del comercio global. Aunque la ciudad demostró que sus protocolos operaron conforme a la ley, el incidente evidencia cómo una terminal local puede verse inmersa en el escrutinio de superpotencias extranjeras debido al historial de los clientes que atiende. En adelante, el sector naviero deberá evaluar la implementación de filtros de debida diligencia aún más rigurosos sobre las banderas y las trayectorias de las embarcaciones, para evitar que la operación portuaria quede atrapada nuevamente en el fuego cruzado de las tensiones internacionales.
