La tensión entre la administración distrital y el Gobierno nacional ha escalado a un nuevo nivel de confrontación verbal tras las contundentes declaraciones del mandatario local frente a la crisis de la principal terminal aérea del departamento. El burgomaestre Alejandro Char no se guardó calificativos para reprochar la gestión estatal, asegurando que la operatividad del recinto es un completo desastre y que las decisiones adoptadas desde la capital del país han sido enteramente desacertadas. Esta dura crítica refleja el hartazgo de las autoridades barranquilleras ante lo que consideran un manejo ineficiente que perjudica la imagen y la competitividad de la región caribeña.
Frente a este escenario de estancamiento, la Alcaldía no se ha limitado a los reclamos mediáticos, sino que ha formalizado una ambiciosa contrapropuesta administrativa. A través de una misiva oficial dirigida a las altas esferas del Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil, el Distrito ha manifestado su firme intención de asumir las riendas de la concesión. El objetivo de este movimiento burocrático es que la ciudad tome el control absoluto de las operaciones diarias, asuma el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructura, y se responsabilice de finalizar los proyectos de remodelación que llevan años paralizados.
El fundamento de esta exigencia radica en el evidente deterioro progresivo que padecen las instalaciones, un declive que afecta directamente la experiencia de los viajeros. Las obras inconclusas han generado profundas brechas operativas, mermando los niveles de servicio y causando incomodidades constantes para los más de tres millones de pasajeros que transitan anualmente por sus pasillos. Para la dirigencia local, la interinidad y la falta de dolientes a nivel central han convertido a este punto de conexión internacional en un monumento a la desidia gubernamental, frenando el impulso turístico y comercial de la urbe.
Desde la perspectiva de la autonomía territorial, el gobernante defendió férreamente la capacidad ejecutiva de su equipo de trabajo. El líder político argumentó que Barranquilla cuenta con la experiencia comprobada y la solidez gerencial necesarias para sacar adelante proyectos de gran envergadura. Su visión es transformar radicalmente el rostro del recinto de conectividad aérea para que este refleje el dinamismo, el progreso urbano y el nivel de desarrollo que ha caracterizado a la metrópoli en la última década, asegurando que la administración local posee todo el conocimiento para ejecutar estas tareas con excelencia.
Este anhelo de descentralización no es una batalla solitaria del ejecutivo municipal; cuenta con el respaldo irrestricto de diversos estamentos sociales y empresariales. Instancias de participación como la Veeduría Ciudadana han calificado la solicitud de cesión como una alternativa totalmente válida y urgente. Los gremios locales coinciden en que delegar la administración a un ente territorial con intereses directos en el éxito de la terminal es la vía más expedita para destrabar el embotellamiento jurídico y financiero que actualmente mantiene a la pista de aterrizaje y sus zonas aledañas en un estado crítico.
Finalmente, el desenlace de esta pugna recae ahora sobre los escritorios del Gobierno central, que deberá evaluar la viabilidad legal y política de ceder este codiciado activo logístico. Mientras la Aeronáutica Civil define su postura frente a la petición fundamentada en la normativa vigente, la ciudad se mantiene a la expectativa. El eventual traspaso del control no solo representaría un triunfo para la eficiencia operativa, sino que significaría el primer paso real hacia la redención de una infraestructura que resulta vital para conectar a la capital del Atlántico con el resto del mundo y consolidar su vocación como epicentro de negocios.
