A medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2026 en Colombia, las tensiones políticas comienzan a escalar. Esta semana, el exministro de Justicia Wilson Ruiz presentó una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, Países Bajos. El exfuncionario acusa al mandatario de cometer presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y responsabilidad penal por omisión.
Ruiz, quien también fue presidente del Consejo Superior de la Judicatura durante el gobierno de Iván Duque, viajó personalmente a La Haya para radicar el documento ante la oficina del fiscal de la CPI, Karim Khan. Desde las afueras del tribunal internacional, el abogado explicó en un video publicado en su cuenta de X (antes Twitter) que su denuncia busca dar voz a las víctimas que “han sido silenciadas y olvidadas” por el Estado colombiano.
Entre los argumentos principales del escrito, se cuestiona la implementación de la política de “paz total” del gobierno Petro, que —según Ruiz— ha sido aprovechada por estructuras criminales para fortalecerse y expandirse. “Con esta política deliberada de omisión, el gobierno ha debilitado la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas y ha permitido la consolidación territorial de grupos ilegales como el ELN, las disidencias de las FARC y el Clan del Golfo”, señala el documento.
Además, Ruiz reitera las acusaciones que surgieron durante la campaña presidencial de 2022, cuando se denunció que el hermano del presidente, Juan Fernando Petro, habría visitado cárceles para negociar beneficios con líderes de grupos criminales a cambio de apoyo político. Según el denunciante, estas gestiones habrían sido clave para garantizar votos en regiones como Cauca, Nariño, Norte de Antioquia y Chocó, zonas con fuerte presencia de actores armados ilegales. Como prueba, Ruiz incluye una entrevista realizada por la periodista Nena Arrázola, donde el propio Juan Fernando Petro reconoce haber sostenido encuentros con estos grupos.
El documento también aporta cifras preocupantes: más de 270 masacres y 695.000 desplazados entre 2022 y 2025, de acuerdo con informes de organismos internacionales como la ONU. Ruiz argumenta que estos datos reflejan la inacción del Estado y el impacto real que ha tenido la reducción del presupuesto de seguridad: un 35,7 % menos de inversión en la Policía Nacional, además de la disminución del pie de fuerza en zonas rurales. “Lo que debía ser una política de paz terminó dejando a miles de ciudadanos a merced de la violencia”, expresó Ruiz.
Desde el gobierno no ha habido una respuesta oficial ante esta denuncia. Sin embargo, sectores cercanos al presidente han calificado la acción como una estrategia política de la oposición para desgastar al Ejecutivo en plena antesala del proceso electoral. “Es un movimiento más simbólico que jurídico, pero claramente diseñado para impactar la opinión pública”, expresó un analista político consultado por este medio.
Es importante recordar que la Corte Penal Internacional tiene acción bajo el Estatuto de Roma, que le permite juzgar a individuos responsables de los crímenes más graves; entre los cuales destacan: genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y crímenes de agresión. Este ente no tiene la potestad de juzgar a Estados ni a grupos, sino a personas, y solo y únicamente puede intervenir cuando los sistemas judiciales internos de cada país, no tienen la capacidad o voluntad de investigar de manera certera y objetiva este tipo de secesos.
Por ahora, la CPI deberá analizar si la denuncia presentada cumple con los criterios para abrir una investigación formal. Mientras tanto, el debate sobre la eficacia de la política de paz total y el manejo del orden público seguirá siendo uno de los puntos más sensibles en el escenario político colombiano.
