Las autoridades colombianas siguen conectando piezas clave tras el atentado que sufrió el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay el pasado sábado en el barrio Modelia, al occidente de Bogotá. Más allá del hecho violento que conmocionó a la opinión pública, la investigación comienza a destapar una trama preocupante que involucra redes criminales, tráfico de armas y el uso de menores en actividades delictivas.
Hace pocos minutos, culminó una rueda de prensa informativa brindada por La fiscal Luz Adriana Camargo y el general Carlos Fernando Triana, donde se dieron a conocer otros detalles de este atentado. El origen del arma utilizada —una pistola Glock comprada legalmente en Arizona, Estados Unidos— no solo abre preguntas sobre su ruta hasta Colombia, sino también sobre una realidad alarmante en el país norteamericano: allí circulan más de 500 millones de armas de fuego en manos civiles, lo que representa aproximadamente 1,5 armas por adulto.
Cada mes se venden cerca de 1,4 millones de armas nuevas, y se estima que 1 de cada 3 adultos estadounidenses posee al menos una. Aunque en 2024 se registró una leve disminución en la violencia armada – con una reducción del 12 % en muertes y del 14 % en heridos por armas de fuego frente a 2023.
“La procedencia es clara, pero ahora estamos centrados en reconstruir su ruta hasta el lugar del atentado”, explicó el general Triana. La pistola está siendo analizada por expertos en balística para determinar si ha sido utilizada en otros hechos delictivos.
Para la Fiscalía, este no es un caso aislado. “Queremos saber si esta arma ha participado en otros atentados y quiénes están detrás de la decisión de ponerla en manos de un menor de edad”, señaló la fiscal Camargo, quien destacó que esta es una línea clave para identificar una posible red sicarial que opera con menores como ejecutores.
Desde el sábado, día del atentado, las autoridades han revisado más de 1.000 videos y realizado 23 entrevistas con asistentes al evento, testigos, familiares del menor y miembros del equipo de seguridad de Uribe. Según se conoció, el menor fue aprehendido y su detención fue legalizada en la madrugada del lunes. Ahora enfrentará cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas.
La Fiscalía ha garantizado medidas especiales de protección tanto para el adolescente como para el curso de la investigación, y anunció una estrategia conjunta con la Policía para avanzar rápidamente en este caso.
El atentado ha generado no solo indignación sino también un llamado urgente de las instituciones a proteger la democracia. “Es momento de unirnos para garantizar un proceso electoral seguro y justo. No podemos permitir que la violencia y la ilegalidad amenacen el ejercicio político”, manifestó la fiscal Camargo en su declaración.
El caso Miguel Uribe no solo expone un intento de asesinato. Es también el reflejo de una realidad preocupante: armas que cruzan fronteras, menores convertidos en instrumento de bandas ilegales, y una democracia que necesita, más que nunca, ser cuidada.
