El reciente atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, sumado al aumento del lenguaje agresivo y los riesgos para líderes políticos en Colombia, llevó a que más de 70 figuras públicas firmaran un compromiso por unas elecciones pacíficas en 2026. La firma del pacto fue liderada por la Defensoría del Pueblo y acompañada por organismos internacionales como la ONU y la OEA.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió que no es un momento fácil para la democracia: “Sabemos que no hay plena confianza, pero debemos insistir en que Colombia merece unas elecciones en paz”. Por eso, el acuerdo incluye nueve compromisos clave, entre ellos: proteger la vida, rechazar la violencia política, respetar las protestas pacíficas, garantizar información veraz y promover un lenguaje constructivo.
El compromiso fue firmado por el presidente Gustavo Petro, los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Nacional Electoral, además de 16 precandidatos presidenciales como Claudia López, Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo y María José Pizarro. También participaron representantes de 15 movimientos políticos y 21 delegados internacionales.
Este pacto, más que un acto simbólico, busca convertirse en una hoja de ruta vigilada por la Misión de Observación Electoral (MOE) y la propia Defensoría. El reto, sin embargo, va más allá de lo firmado: consiste en transformar el clima político actual y devolverle a la ciudadanía la confianza en que la democracia puede ejercerse sin miedo.
