La empresa de energía Air-e, que presta servicio en la región Caribe, podría quedarse sin recibir $150 mil millones del Gobierno Nacional debido a un trámite que no logró concretar dentro del plazo establecido: la entrega de una póliza obligatoria. Así lo reveló el diario El Tiempo, citando documentos oficiales del Ministerio de Minas y Energía.
Estos recursos hacían parte del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone), un plan que busca mejorar las condiciones del servicio en zonas con infraestructura deficiente. Según el medio, el Ministerio exigía que Air-e entregara la póliza antes del 8 de julio, pero hasta la fecha no se presentó el documento que debía cubrir aspectos como la responsabilidad de los diseños, cumplimiento de compromisos contractuales y una garantía equivalente al 5% del valor del proyecto.
El agente interventor de Air-e, Nelson Vásquez, aseguró a El Tiempo que sí se presentaron los documentos requeridos en los tiempos exigidos. “Anoche nos llegó un correo del Ministerio en el que se asegura que hay que subsanar unos requisitos y en eso estamos”, explicó. Sin embargo, desde el Ministerio de Minas se insiste en que la póliza no es un requisito subsanable, lo que pondría en riesgo la transferencia del dinero.
¿Qué es el PRONE y para qué se usan los recursos del Gobierno en el sector eléctrico?
En Colombia, el PRONE (Programa de Normalización de Redes Eléctricas) es una estrategia del Gobierno Nacional diseñada para llevar energía segura y formal a los barrios más vulnerables del país. Su principal objetivo es legalizar y mejorar las redes eléctricas en zonas que históricamente han recibido el servicio de forma irregular, sin condiciones técnicas adecuadas ni medidas de seguridad.
Gracias al PRONE, miles de familias en barrios subnormales pueden contar con un suministro de energía estable, seguro y bajo tarifas reguladas, lo cual contribuye a mejorar su calidad de vida y a reducir riesgos de accidentes eléctricos.
Los recursos que el Gobierno destina a este y otros programas del sector energético son administrados por las empresas operadoras de red, y se utilizan para:
Construir o mejorar redes eléctricas en zonas urbanas y rurales.
Legalizar conexiones eléctricas e instalar medidores individuales.
Reemplazar equipos obsoletos o dañados, como transformadores, postes y cableado.
Implementar soluciones de energía limpia en regiones apartadas, como paneles solares.
Apoyar con subsidios a usuarios de bajos ingresos, para que puedan acceder al servicio.
Estas inversiones no solo buscan garantizar el acceso a la energía, sino también fortalecer la equidad social, promover el desarrollo regional y reducir las brechas entre sectores formalizados y aquellos que aún no tienen acceso a un servicio digno.
