La Universidad de Antioquia enfrenta una de sus crisis administrativas más singulares de los últimos años. Este martes, el profesor Héctor Iván García se presentó públicamente como el nuevo rector de la institución, amparado en una resolución del Ministerio de Educación Nacional. No obstante, su anuncio se da en un momento donde el Consejo Superior Universitario (CSU) aún no ha formalizado la salida del actual rector en propiedad, John Jairo Arboleda.
García explicó que su designación responde a una medida excepcional y temporal de inspección y vigilancia asumida por el Gobierno Nacional desde finales de 2025. Según el profesor, su propósito es liderar una transición que resuelva las dificultades financieras y de gobernabilidad que, según el Ministerio, ponen en riesgo el proyecto misional de la universidad. En su intervención, hizo un llamado a la unidad de los estamentos universitarios y gubernamentales para recuperar la confianza institucional.
Por otro lado, la posición de John Jairo Arboleda añade otra capa de complejidad al asunto. El directivo presentó su carta de renuncia el pasado viernes 16 de enero, denunciando presiones indebidas por parte de sectores cercanos al Gobierno Nacional para realizar movimientos burocráticos a los que se habría negado. A pesar de su dimisión voluntaria, el CSU no la procesó en su última sesión alegando que el tema no se encontraba incluido en el orden del día.
Esta dualidad ha generado un enredo jurídico notable: mientras García habla como rector en propiedad, el directorio oficial de la Universidad de Antioquia sigue reconociendo a Arboleda en el cargo. La falta de un pronunciamiento oficial por parte de la Secretaría General de la institución mantiene en vilo a los estudiantes, docentes y empleados no docentes sobre quién ostenta legalmente la representación del alma mater en este momento.
El desenlace de este conflicto de gobernabilidad dependerá de la próxima reunión del Consejo Superior Universitario. Mientras tanto, el debate sobre la autonomía universitaria frente a las facultades de inspección del Ministerio de Educación se ha tomado la agenda política de la región. El reto para quien finalmente asuma el despacho será lograr un ajuste institucional que garantice la viabilidad financiera sin sacrificar la excelencia académica que caracteriza a la UdeA.
