El Ministerio de Relaciones Exteriores respondió formalmente a las advertencias emitidas por la Contraloría General de la República sobre los riesgos técnicos y financieros del nuevo esquema de producción de pasaportes. La Cancillería informó que la implementación del modelo, que entrará en vigencia el próximo 1 de abril de 2026, avanza según los cronogramas establecidos en cooperación con la Casa da Moneda de Portugal y la Imprenta Nacional, descartando por ahora cualquier retraso operativo.
Frente a la preocupación ciudadana por los costos, el Gobierno Nacional fue enfático en descartar aumentos extraordinarios en el valor del documento. La Cancillería recordó que las tarifas han permanecido congeladas durante los últimos dos años y ratificó que cualquier ajuste futuro estará ligado estrictamente al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esta aclaración surge como respuesta al análisis del ente de control, que sugería posibles sobrecostos derivados del uso del euro como moneda de referencia en el contrato.
No obstante, las alertas de la Contraloría no son menores. El organismo advirtió sobre un posible escenario de desabastecimiento si no se completa a tiempo la importación e instalación de las máquinas de impresión necesarias. Además, señaló debilidades en la planeación financiera, como la falta de una proyección detallada de costos de transporte, impuestos y tasas que anteriormente no se cobraban, lo que podría generar una exposición al riesgo cambiario para el Estado colombiano.
Para mitigar estos riesgos, la canciller Rosa Villavicencio remitió un memorando el pasado 16 de enero de 2026 a la Imprenta Nacional, ordenando la incorporación inmediata de las recomendaciones de la Contraloría. El objetivo es blindar el proceso y asegurar que la transición hacia el nuevo esquema sea ordenada, buscando siempre las condiciones económicas más favorables para el patrimonio público y evitando cualquier detrimento fiscal en la ejecución del Convenio 010 de 2025.
Actualmente, un equipo permanente de la Contraloría se encuentra monitoreando la ejecución del contrato tanto en el Ministerio como en la Imprenta Nacional. Mientras el Gobierno defiende la solidez del acuerdo internacional, el ente de control mantiene la lupa sobre la capacidad operativa de los socios nacionales para garantizar que los ciudadanos puedan tramitar su documento de identidad internacional sin interrupciones a partir del segundo trimestre de este año.
