El peso de la ley ha caído nuevamente sobre uno de los criminales más mediáticos y temidos del país. El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Bucaramanga emitió en las últimas horas un fallo condenatorio contra Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias «Negro Ober», hallándolo culpable del delito de amenazas contra defensores de derechos humanos y servidores públicos. Esta sentencia judicial cierra un capítulo de intimidación que indignó a la nación, reafirmando que las rejas no eximen de responsabilidad penal a quienes pretenden sembrar el terror desde el interior de los centros penitenciarios.
La génesis de este proceso judicial se remonta a marzo de 2023, cuando el cabecilla de los ‘Rastrojos Costeños’ convirtió una celda de la cárcel Palogordo en Girón en un set de grabación para lanzar una ofensiva digital contra el Estado. En aquel entonces, Martínez Gutiérrez difundió un video que se viralizó rápidamente, donde, exhibiendo una actitud desafiante y joyas ostentosas, lanzaba ultimátums directos contra la institucionalidad. La grabación no fue solo un acto de indisciplina carcelaria, sino una declaración de guerra donde el recluso pretendía doblar el brazo de la justicia mediante el miedo.
El detonante de aquella furia, que ahora se traduce en una nueva condena, fue la operación policial que resultó en la captura de su compañera sentimental, Julieth Vanessa Martínez Cantillo, en la ciudad de Bogotá. Al ver golpeada su estructura familiar y financiera, el «Negro Ober» reaccionó con una visceralidad desmedida, amenazando con desatar una cacería sangrienta contra comerciantes y civiles inocentes si su esposa no era liberada, un chantaje que puso en alerta máxima a las autoridades de Barranquilla, San Martín y la capital del país.
Sin embargo, el foco específico de esta decisión judicial recae sobre la intimidación directa proferida contra el fiscal especializado que lideraba la investigación contra su pareja. El togado consideró probado que las palabras de Martínez Gutiérrez buscaban coaccionar y detener el ejercicio legítimo de la función judicial, poniendo precio a la vida de un servidor público cuyo único «delito» era cumplir con su deber constitucional. La sentencia subraya la gravedad de atacar a quienes representan la legalidad, protegiendo así la integridad del sistema judicial.
La contundencia de la prueba videográfica y la solidez de la argumentación del ente acusador llevaron al procesado a una encrucijada legal que resolvió mediante la aceptación de cargos. Bajo la figura de preacuerdo, el líder criminal reconoció su autoría en las amenazas, una maniobra jurídica que, si bien podría otorgarle ciertos descuentos punitivos, suma una mancha indeleble más a su extenso prontuario. Este reconocimiento de culpa valida la tesis de la Fiscalía y desactiva cualquier intento de la defensa por desestimar la gravedad de los hechos ocurridos hace casi tres años.
Actualmente recluido bajo estrictas medidas de seguridad en la cárcel de La Dorada, Caldas, alias «Negro Ober» ve cómo su horizonte de libertad se aleja aún más. Esta nueva condena no solo tiene efectos prácticos en el cómputo de su tiempo en prisión, sino que envía un mensaje simbólico potente a las estructuras criminales: el Estado posee la memoria y las herramientas para perseguir y sancionar el delito, sin importar cuánto tiempo pase o desde qué oscura celda se profieran las amenazas.
