En una determinación administrativa que marca un punto de quiebre en la política de seguridad penitenciaria, el Gobierno Nacional ha ordenado el «silencio digital» total e inmediato en los centros de reclusión del país. La medida, anunciada conjuntamente por las carteras de Justicia y de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), busca cortar de raíz el flujo de comunicación no autorizada que emana desde las celdas. Esta decisión trasciende los anuncios previos para convertirse en una orden ejecutiva de cumplimiento perentorio, obligando a los operadores de telefonía móvil a restringir el espectro electromagnético en los perímetros carcelarios para desarticular los centros de mando delictivo que operan tras las rejas.
El objetivo primario de esta ofensiva tecnológica es asfixiar financieramente a las estructuras criminales que han convertido las prisiones en verdaderos «call centers» de la extorsión. Las autoridades han identificado que un porcentaje alarmante de las llamadas intimidatorias y estafas bajo la modalidad de ‘tío-tía’ o falsos servicios, se originan desde dispositivos móviles ingresados ilegalmente a los penales. Al levantar un muro invisible que bloquea la señal, se pretende desarmar a los cabecillas de bandas que, aunque privados de la libertad física, mantenían su libertad operativa para ordenar crímenes y exigir vacunas a comerciantes y ciudadanos en el exterior.
Desde el punto de vista técnico, la implementación de esta estrategia implica un desafío de ingeniería y coordinación sin precedentes con el sector privado. Las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones deberán calibrar sus antenas y desplegar inhibidores de señal (jammers) con una precisión quirúrgica. El reto radica en garantizar un bloqueo efectivo dentro de los muros del penal sin afectar la conectividad de los barrios residenciales y comerciales colindantes, una problemática que en intentos anteriores había generado disputas legales con la ciudadanía vecina a las cárceles.
La medida también contempla un componente de reordenamiento interno en el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec). El bloqueo de celulares obliga a fortalecer y auditar los sistemas de telefonía fija oficial dentro de los pabellones, conocidos como «teléfonos públicos», para garantizar el derecho legítimo de los internos a comunicarse con sus familias y abogados. Se trata de canalizar las comunicaciones por vías monitoreadas y legales, eliminando la clandestinidad que permite la planificación de ilícitos y devolviendo al Estado el control sobre quién habla con quién desde el interior del sistema penal.
Analistas de seguridad coinciden en que esta acción es un golpe directo a la «banca criminal» de las organizaciones al margen de la ley. Al perder la capacidad de comunicación en tiempo real, se fractura la cadena de mando y se dificulta la coordinación logística de delitos en las calles. La inmediatez exigida por el Gobierno refleja la urgencia de responder ante el incremento de las denuncias ciudadanas, enviando un mensaje de autoridad: la cárcel debe ser un lugar de cumplimiento de pena y resocialización, no una oficina segura para delinquir impunemente.
Sin embargo, la sostenibilidad de este bloqueo electrónico dependerá de su acompañamiento con medidas de depuración humana. Expertos advierten que la tecnología por sí sola es insuficiente si persiste la corrupción que permite el ingreso de módems, tarjetas SIM y nuevos dispositivos. Por tanto, este cerco digital se presenta como el primer eslabón de una estrategia integral que debe incluir requisas más rigurosas y sanciones ejemplares para los funcionarios que faciliten la vulneración de estos protocolos de seguridad, asegurando que el silencio en las cárceles sea, esta vez, definitivo.
