Air-e adopta un nuevo esquema de facturación que otorga poder de decisión a los usuarios frente a un cobro polémico.
Desde este martes 6 de mayo, los usuarios del servicio de energía en el departamento del Atlántico tienen una nueva posibilidad: elegir cómo quieren pagar su factura. Esta medida, impulsada por la empresa Air-e, les permitirá decidir si incluyen o no la llamada «tasa de seguridad», un cargo impuesto por la Gobernación del Atlántico que ha generado controversia en la opinión pública.
El nuevo formato de facturación incluye tres opciones de pago, lo que significa que cada persona podrá escoger, de manera libre y consciente, qué conceptos desea cancelar. Esta decisión se toma en un contexto marcado por la presión ciudadana, que ha venido cuestionando el destino y la transparencia del cobro departamental.
Según explicó Air-e, esta estrategia busca ofrecer mayor claridad y control al usuario sobre su dinero. Las opciones disponibles son:
Pago sin tasa de seguridad: permite cubrir únicamente los servicios básicos como energía, alumbrado público y aseo (cuando aplique), dejando por fuera el valor adicional impuesto por el departamento.
Pago completo con tasa de seguridad: incluye todos los conceptos, incluyendo el cobro por seguridad.
Pago total con deuda incluida: suma todos los anteriores valores más las obligaciones pendientes con la empresa.
La medida llega tras varios intentos fallidos de Air-e por lograr un acuerdo con la Gobernación del Atlántico para eliminar o ajustar el cobro. “No fue posible alcanzar consensos ni establecer alivios para usuarios de bajos ingresos”, explicó Diana Bustamante, agente interventora de la compañía.
Aunque la tasa fue creada con el objetivo de financiar programas de vigilancia y convivencia, distintos sectores han criticado la falta de claridad en su ejecución. La diputada Isabella Pulgar, por ejemplo, ha señalado deficiencias en la rendición de cuentas y la baja ejecución presupuestal de estos recursos.
Por ahora, la empresa mantiene su compromiso con la transparencia y recalca que este nuevo esquema se implementa en cumplimiento de las resoluciones de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), garantizando el derecho del ciudadano a decidir.
Este modelo de pago flexible no solo marca un precedente en la región, sino que refleja cómo la presión colectiva puede transformar las relaciones entre instituciones, empresas y comunidad.
