El ente máximo de control fiscal en el país ha decidido poner bajo la lupa uno de los proyectos de infraestructura más emblemáticos y complejos del departamento del Atlántico. La Contraloría General de la República ha oficializado la apertura de una indagación preliminar enfocada en la ejecución de las obras de la «Gran Vía», el corredor estratégico que conecta a Barranquilla con Puerto Colombia. Esta determinación surge tras una serie de evaluaciones técnicas que han encendido las alarmas sobre el ritmo de avance físico de la construcción, el cual parece no compaginar con los cronogramas financieros y temporales establecidos inicialmente en los contratos de obra pública.
El detonante de esta acción fiscalizadora radica en la disonancia evidente entre los plazos pactados y la realidad palpable en el terreno. Los auditores del organismo de control buscan determinar si existe una gestión ineficiente de los recursos públicos, dado que las prórrogas y los retrasos suelen traer consigo sobrecostos que terminan lesionando el patrimonio del Estado. La indagación no señala culpables definitivos aún, pero sí marca el inicio de un proceso riguroso de recolección de pruebas para establecer si las demoras obedecen a factores externos imprevisibles o a una falta de planeación y capacidad operativa por parte de los consorcios encargados y la entidad territorial contratante.
Desde la perspectiva administrativa, este movimiento de la Contraloría pone presión directa sobre la Gobernación del Atlántico y los contratistas involucrados. Se les ha solicitado una rendición de cuentas detallada que justifique el letargo en tramos neurálgicos de la vía. La lupa está puesta no solo en el cemento vertido, sino en la gestión documental y financiera, buscando esclarecer si los anticipos entregados han sido amortizados correctamente y si la interventoría ha cumplido a cabalidad su función de vigilar que cada peso invertido se traduzca en metros de carretera funcional.
El impacto de estas dilaciones trasciende las oficinas gubernamentales y golpea directamente la dinámica social y económica del área metropolitana. La comunidad de Puerto Colombia y los usuarios habituales del corredor universitario han sido los principales afectados por un esquema de movilidad restringida que se ha extendido más allá de lo prometido. Los «cuellos de botella» vehiculares, el polvo y las dificultades de acceso a comercios y centros educativos son el rostro visible de una obra que, según la percepción ciudadana y ahora la del ente de control, avanza a media marcha, generando un lucro cesante para la región.
Expertos en infraestructura señalan que esta indagación preliminar es un «aviso de tormenta» para los responsables del proyecto. De hallarse irregularidades sustanciales o un daño fiscal probado, el proceso podría escalar a un juicio de responsabilidad fiscal, con consecuencias patrimoniales y disciplinarias severas para los gestores públicos y privados. La medida busca blindar los recursos restantes y forzar un plan de choque que reactive la maquinaria y acelere la entrega de las unidades funcionales pendientes, evitando que la Gran Vía se convierta en un «elefante blanco» inconcluso.
Finalmente, el organismo fiscalizador ha dejado claro que mantendrá una vigilancia en tiempo real sobre el desarrollo de los acontecimientos. La apertura de este expediente es un mensaje contundente de que la paciencia institucional se ha agotado y que la terminación de la obra no es una sugerencia, sino una obligación contractual impostergable. Mientras avanza la investigación, la ciudadanía espera que este «jalón de orejas» administrativo sirva como catalizador para ver, por fin, la culminación de una arteria vial prometida como la solución definitiva a la conectividad del norte del Atlántico.
